Encuentro de Estudiantes en Movimiento en Valladolid

Del 9 al 11 de noviembre, Estudiantes en Movimiento estamos celebrando en Valladolid nuestro VIII Encuentro. Hasta la fecha hemos realizado diversas campañas y movilizaciones a favor de la Universidad Pública, siendo la última realizada a comienzo de este mismo curso en contra del incremento de las tasas académicas.


Durante los últimos años la subida de las tasas académicas ha sido desmesuradamente alta. Las autonomías han marcado este año una subida por encima del IPC en la mayoría de las Comunidades Autónomas (14 de ellas) dentro de la franja de entre un 2’4% y un 6’4% marcada por el Consejo de Coordinación Universitaria, órgano conformado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Exigimos la congelación inmediata de las tasas, y su progresiva disminución hasta su total eliminación. Por ello, desde Estudiantes en Movimiento hemos realizado al comienzo de este curso diversas movilizaciones en contra de la subida de las tasas, con una notable aceptación de los estudiantes las Universidades Públicas.

Con este tipo de medidas se hace aún más evidente la indignante falta de financiación que existe en el sistema educativo superior; no olvidemos que tenemos una de las inversiones más pobres en educación de la UE y de la OCDE.

A la escasez de financiación se suma el hecho de que los postgrados tienen un precio desorbitado que elitiza un amplio segmento de los estudios superiores, lo cual es aún más grave, si cabe, si tenemos en cuenta que varios de ellos dotarán de atribuciones habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas. El gobierno trata de facilitar el acceso a los Másteres no mediante una política fuerte de inversión, que se materialice en un sistema de becas con cobertura suficiente, sino mediante la oferta de los llamados “créditos-renta”: un préstamo destinado a que los estudiantes nos costeemos los precios de nuestras matrículas, pero que deberemos devolver a la administración una vez insertos en el mercado laboral. Esta fórmula, que nos obliga a hipotecar parte de nuestro futuro si queremos poder acceder a un servicio pretendidamente público, implica además la participación directa de capital privado en la financiación de un sistema que debería ser estrictamente cubierto por las administraciones.

Con la estructura fijada en el último Real Decreto, vemos cómo el Grado queda relegado a 4 años de formación dirigida a la integración en el mercado laboral. Nuestras sospechas quedan confirmadas a tenor del literal de este nuevo texto: por una parte, se establece un primer curso común de contenidos básicos a cada una de las cinco ramas de conocimiento establecidas que, entendemos, deberían corresponder a un posible tercer curso de Bachillerato; por otra, la explícita orientación de estos títulos a “la obtención por parte del estudiante de una formación general (…) orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional”; por último, la puerta que se abre a establecer un último curso completo de prácticas externas en empresas, con carácter obligatorio y sin retribución económica alguna, lo que nos aboca, necesariamente, a la inserción prematura en el mercado laboral en detrimento de la formación universitaria que debiéramos recibir.

En líneas generales, creemos que el actual Real Decreto responde a la inexistencia, durante todo este proceso, de una línea de política universitaria clara por parte del Gobierno. La definición de la nueva estructura se ha realizado sobre la base de lanzamiento de sucesivas propuestas que el gobierno ha ido retirando a medida que los diferentes colectivos sociales implicados han ido mostrando su rechazo. Por todo ello, este RD trata de solucionar las polémicas suscitadas mediante dos fórmulas: soluciones ad hoc que rompen con la supuesta homogeneidad que justificaba la adaptación al EEES (libertad para establecer la duración de los títulos de Grado), o bien el retraso sine die de los debates más problemáticos (como el relativo a las atribuciones profesionales).

La justificación dada para toda esta desestructuración es el supuesto incremento de la autonomía universitaria, que en realidad no es tal. Dos ejemplos que lo confirman son el hecho de que cada universidad podrá diseñar su Grado, pero será posteriormente la ANECA la encargada de validarlos y acreditarlos periódicamente -utilizando unos criterios aún desconocidos- o el que el Ministerio imponga los criterios para la elaboración de los planes de estudio vinculados a profesiones reguladas.

En conclusión, tras varios años de movilizaciones, confirmamos ahora con la publicación del actual RD todas las sombras que señalábamos en el EEES: el sistema universitario pretende obtener una gran masa de titulados formados en competencias de carácter básicamente empresarial, más que desde una perspectiva académica; la ausencia de una buena política de financiación pública, que no solamente conlleva un problema real de acceso a la universidad (especialmente en los másteres), sino que además fomenta una competitividad entre universidades que condicionará la oferta de grados a criterios economicistas. Hoy, y a la vista de lo acontecido, tiene más sentido que nunca la defensa de una Universidad Pública, Gratuita y Universal. Por todo esto, desde Estudiantes en Movimiento estamos preparando varias campañas para este curso, con carácter informativo y reivindicativo. Y como hasta ahora, seguiremos tratando de generar debate dentro de la comunidad universitaria y toda la sociedad.

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